La intervención quiere dejar el Centro Gallego, pero no puede

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Tal vez deberíamos haber titulado que se aproximaba la “normalización” institucional de esta centenaria Mutual que se encuentra intervenida desde 2012 a pedido del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, pero su presente dista mucho de lo que podría tildarse de “normal”.

Se trata de una entidad de otra época. Su masa societaria cayó bruscamente. Llegó a tener un padrón que superaba los 120 mil socios y actualmente no llegan a 9 mil, que en un 70% son adultos mayores muy vulnerables. Ya no tiene infraestructura y quedó en el pasado.

El Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social, emblema de Galicia en Argentina, se aproximaba a convertir en realidad su sueño: “la restitución de la entidad a sus asociados”. ¿Y ahora?.

Uno de los problemas más graves de esta Mutual se centra en una economía deficitaria de sus cuentas que, lejos de ser corregida por la intervención, se profundizó en los últimos años.

Siempre necesitó de aportes externos para sobrevivir. Antes fue la Fundación Galicia Saúde, que a lo largo de los 9 años de existencia a través de sucesivas administraciones, aportó al Centro unos 22 millones de euros. Luego de su retirada, vino la intervención kirchnerista que recayó en las manos de Carlos La Blunda con los aportes económicos del INAES, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo que subsidió el pago de salarios, sin los cuales hubiera desaparecido. Hasta el tomógrafo con el que cuenta fue donado por el Estado. Pero nada alcanza.

Ninguna de todas las situaciones heredadas pudo ser resuelta por la intervención que llegó para sanear la casa. Muy por el contrario: de 65 millones de pesos que se debían en ese entonces, hoy se habla de más de 1.300 millones, aunque la cifra exacta nunca se mostró con claridad.

En agosto pasado se realizaron las elecciones y, tras ello, la asamblea de representantes debía proclamar la lista vencedora ante lo cual el nieto de emigrantes gallegos, Alfonso Mourente, sería el nuevo presidente de la Mutualidad. Hablamos en potencial dada las impugnaciones judiciales y administrativas que fueron presentadas.

¿Y ahora qué?. Como suele ocurrir, la intervención del Estado se quiere ir dejando más deudas que las que encontró al asumir. ¿Usted estaría de acuerdo que con los impuestos de todos los argentinos se continúe ayudando a levantar los muertos de una entidad privada?. Para reducir este pasivo se pensó en la buena voluntad que podrían tener algunos organismos públicos para condonar la deuda: por un lado la AFIP, cercana a los 900 millones de pesos, y la falta de rendición de cuentas de los subsidios y préstamos triangulados por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, a través de Confederaciones y Federaciones, por un monto que ronda los 200 millones de pesos.

La intervención, en acuerdo con los socios electos, instrumentó una reforma del estatuto social y del reglamento interno, que apunta a promover un modelo de gestión que separa la administración del sistema de salud del resto de las actividades, para que sean gestionados por unidades independientes, tanto administrativa como jurídicamente.

¿Y los cuadros?. La Mutual posee (o poseía) obras de arte antiquísimas, de gran valor económico e histórico, sobre las cuales sus socios aún mantienen las esperanzas de que la intervención no halla “extraviado” alguna.

¿Dónde están?. Se presupone que se encuentran en custodia del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que las habría retirado para realizar una valuación de las mismas. Según comentan, este patrimonio no figura en los balances ni está inventariado, por lo cual nunca se podrá saber si alguna se “extravió” camino al banco o en algún conflicto gremial.

Vuelta atrás

El pasado 26 de octubre tuvo lugar la Asamblea de Representantes que tenía como finalidad, entre otros puntos: la proclamación de las autoridades electas, la reforma del estatuto y la aprobación de todos los balances contables de la intervención. Pero las agrupaciones opositoras lograron declarar nulo de dicho acto.

A pesar de que las cuatro agrupaciones opositoras (Galicia, Unión Gallega, A Terra y Celta) habían logrado obtener en las elecciones 30 cupos para la asamblea de representantes contra los 60 de la lista vencedora, pudieron imponer su mayoría en la votación por escaso margen debido a la numerosa ausencia de representantes de ésta última, por lo que la anulación de la asamblea prevaleció ante la propuesta de pasar a un cuarto intermedio ante las numerosas objeciones de la oposición a los puntos que integraban el orden del día a tratar.

Un duro revés para la intervención del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

La oposición aseguró que la mayor parte de los puntos a tratar en el orden del día incurrían en graves contradicciones con la Ley de Mutuales y el propio Estatuto del Centro Gallego de Buenos Aires, entre los cuales destacan:

a) las reformas al Estatuto Social vigente y Reglamento Interno: “No es la asamblea ordinaria quien puede deliberar, reformar o aprobar reformas estatutarias (art. 102 del Estatuto). Cabe señalar que no se puso a disposición de los socios ningún proyecto modificatorio”.

b) la aprobación de los pliegos y contratos de concesiones: “No se han puesto a disposición ningún pliego y el modelo de contrato dispuesto no proporciona datos del concesionario, porcentajes de cánones ni ningún otro dato empírico”.

c) la autorización interventor a llevar adelante el proceso de licitación y posterior contratación: “Quizás el interventor posea un proyecto que no ha dado a conocer. Como se advertirá, no se puede deliberar lo que se desconoce, máxime cuando no se ha puesto a disposición”.

d) la lectura y consideración de la memoria de las intervenciones de los señores La Blunda e Iribarren (interventores predecesores de Moyano Barro). Balance general, cuenta de gastos y recursos del inventario de los ejercicios cerrados al 2013, 2014, 2015 y 2016: “Adviértase que el ejercicio cumplido al 2012 está acompañado en la documental pero no está en el orden del día y el mismo no ha sido aprobado, por lo tanto mal pueden deliberarse los posteriores y aprobarse. La realidad nos indica que es tarea imposible tratar con eficacia y responsabilidad cinco ejercicios en una asamblea. Si, tal como dice el Estatuto, para considerar un balance se debe disponer de diez días hábiles, es una irresponsabilidad de consecuencias nefastas estimar considerar cinco en igual plazo”.

e) los informes de gestión y posibles denuncias: “Los informes de gestión son materia de reuniones informales pero no de Asambleas Ordinarias, ya que al ser meros informes son inconsistentes y caducos. Respecto a las posibles denuncias, coincidirá que el señor interventor no necesita aval de la asamblea para la realización de cualquier denuncia que él considere. Más aún está obligado a realizarlas por su carácter de funcionario público”.

f) la proclamación de la lista ganadora: “A la fecha desconocemos quiénes componen la lista ganadora; la misma no fue publicada ni acompañada para este acto. Sólo vemos la foto de un señor a quien denominan Alfonso Mourente. Esto implica que le fue vedado al asociado la posibilidad de contralor de los requisitos. Sólo el señor interventor ejerció esa función en solitario. Además de todo esto, la documental a ser evaluada recién fue puesta a disposición en forma incompleta a partir del día 17. Así debe constar en todas las notificaciones realizadas por los convocados”.

Al ser declarada nula la asamblea, la intervención se vio imposibilitada de devolver a la Mutualidad a manos de los socios: la proclamación de la lista vencedora y posterior asunción de Alfonso Mourente como nuevo presidente de la institución y la reforma integral del Estatuto Social y Reglamento Interno.

Se desconoce cuáles serán los próximos pasos que dará la intervención.

Denuncia penal

Durante el proceso electoral existió una larga lista de denuncias, la mayoría de las cuales fueron desestimadas. Muchas de ellas apuntan a un manejo político irregular en manos de personajes ligados al macrismo.

Sin embargo, un asociado decidió presentar una demanda penal contra el último interventor Martín Moyano Barros, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249 del Código Penal), ante el “uso indiscriminado de fondos y bienes de origen sospechoso para actuar sobre el resultado del acto electoral y la eventual existencia de una asociación ilícita”.

A su vez, solicita la anulación de todo lo actuado en torno a las últimas elecciones, a las que calificó como “un fraudulento proceso electoral” por entender que varios de los candidatos no reunían las condiciones mínimas para poder presentarse a un cargo directivo. El denunciante explicó que conforme surge de sólo cotejar los padrones electorales de los años 2014 y 2016 “puede verse, sin ningún halo de duda, que varias personas que figuran como candidatos, y a la postre elegidos, no son asociados de la institución, o bien no reúnen la antigüedad dispuesta por los estatutos para participar con todos sus derechos del acto electoral ni ser elegidos”, y acusó al interventor de una “grosera violación del control de legalidad correspondiente”.